<![CDATA[RSS del tablon del usuario jiwert]]> <![CDATA[RSS del tablon del usuario jiwert]]> <![CDATA[@jiwert: Lo que ha hecho Cameron se explica solo (lo que no quiere decir que sea necesariamente acertado). El electorado británico -y, sobre todo, el conservador) es cada vez no más euroescéptico, sino más abiertamente antieuropeo y tanto el UKIP (lobby externo) como sus propios back-benchers del grupo de tories euroescépticos llevan tiempo presionando por un Referendum de salida. Así las cosas, Cameron tenía poco margen (las encuestas muestran que sus votantes y la mayoría de los británicos respaldan su desplante). Ahora bien, lo más importante que se desprende de la actitud de Cameron es la forma en que se evidencian los problemas de arquitectura de una Unión Europea con y sin moneda única. La actual crisis revela que la unión monetaria reclama no sólo más competencias económicas residenciadas en la Unión, sino, como consecuencia, más músculo político en el "Gobierno Federal" (valga la analogía). Ello ni ha sido discutido con sinceridad en los ámbitos políticos, ni tampoco se ha plantedao con claridad a las ciudadanías. Pero ha de hacerse y, si se hace, implicará no dos velocidades, sino dos Europas.]]> <![CDATA[@jiwert: Puedo entender que los dos partidos centrales hagan un poco de "posturing" al respecto, porque es un asunto incómodo para ellos, pero pienso que aunque haya en la Mesa del Congreso una votación contraria a la constitución del GP de Amaiur, la misma tienes escasas -por no decir que ninguna- posibilidades de prosperar cuando sea recurrida. Primero, porque la propia redacción del artículo 23 del Reglamento no excluye taxativamente que una parte de los diputados del mismo "partido" (en este caso, coalición) se "autoseleccionen" para constituir un grupo; lo que prohibe es que integrantes del mismo partido constituyan dos grupos distintos. Pero, sobre todo, porque jurisdiccionalmente se atenderá a los precedentes sentados por las interpretaciones de la Mesa en legislaturas anteriores y estas ofrecen un muestrario de interpretaciones tan sumamente flexibles que, con ellas a la vista, va a resultar imposible prácticamente negar a Amaiur el grupo. Más vale centrarse en el discurso de fondo, una estrategia frente al circo que Amaiur va a montar, que en las formas, una batalla perdida de antemano.]]> <![CDATA[@jiwert: Tanto la Casa Real (o sea, el Rey) como la Casa del Rey (o sea, Spottorno) han hecho lo que procedía y lo han hecho además con diligencia muy de apreciar. La situación es extraordinariamente incómoda e imagino que emocionalmente devastadora para los Reyes que, además de ello, son los padres de doña Cristina. Pero la institución está por encima de esas consideraciones y por eso creo que la valoración como "poco ejemplar" de la conducta del Duque de Palma -previa y distinta a cualquier valoración jurídica que en su caso pudiera merecer aquella- sintoniza con lo que al respecto piensan la mayoría de los españoles. Es de la máxima importancia que la institución gestione este asunto no sólo con diligencia, sino también con exigencia. Pero sin olvidar en ningún momento que sólo conocemos la versión incriminatoria, que las posibilidades de defensa de quien ni siquiera está aun imputado están muy limitadas y que, una vez más, estamos ante un "pre-juicio" mediático que condiciona un juicio social y que puede igualmente condicionar y hasta determinar el juicio propiamente jurídico.]]> <![CDATA[@jiwert: Si Rajoy no habla, se critica que no lo haga, y si habla se descalifica lo que dice o lo que se interpreta que dice: "P. ¿La Ley de Dependencia es viable, tal y como está? R. Realmente, hoy no..." Tengo muy serias dudas de que se pueda poner en cuestión con un mínimo de solvencia la veracidad de ese aserto. Esta Ley es técnicamente muy defectuosa, económicamente muy imprudente, y financieramente un puro disparate. La dependencia, desde luego, es una cuestión social muy seria y un desafío de presente y de futuro para sociedades, como la nuestra, sometidas a un proceso de envejecimiento muy pronunciado. Por eso fue una gravísima irresponsabilidad aprobar una Ley como la que se aprobó, en un momento de exuberancia de los ingresos públicos, y con un esquema financiero absurdo entre Estado y CC.AA. Hoy no lo podemos financiar y se han creado expectativas inatendibles. Hay que promover una reforma radical de la ley, incardinando la cuestión en el esquema de protección social general, cuidándose de ofrecer nada que no pueda ser financieramente asumible. Lo demás es demagogia, cinismo o ambas cosas.]]> <![CDATA[@jiwert: ¿Qué es ganar un debate de este tipo? En muchos casos estos debates son un gana-pierde, como le sucedió a Aznar en el primer debate de 1993: su clara victoria en la percepción popular dio verosimilitud a su posible victoria electoral y ello activó el "voto reservista" del PSOE. Aznar, perdió posiciones tras el debate que ganó y no tras el que perdió. Ahora, en un cuadro tan decantado a priori, ganar signfica cosas muy distintas para cada uno. Para Rajoy se trataba no de conquistar más votos sino de no activar un voto reactivo contra su victoria. Para RbCb el empeño era el contrario: hacer pisar la cáscara de plátano social a Rajoy. Por eso, RbCb planteó batallas muy focalizadas y no intentó nunca presentarse como aspirante creíble, sino como látigo del futuro gobernante. Yo no descarto algún efecto movilizador de la trinca de RbCb, pero me parece que en su caso sería un efecto modesto. Creo que la elección está ahora sustancialmente igual que estaba antes del debate y eso es un triunfo de Rajoy más amplio que el que dibuja el margen de su victoria en los sondeos post-debate.]]> <![CDATA[@jiwert: Lo más urgente es esperar a que se pase la urgencia. Yo creo que ya nos hemos pasado en la magnificación del "gesto" de ETA y ahora el riesgo mayor es que cualquier movimiento va a dotar de más verosimilitud a su relato. Si decimos que ETA ha perdido -y yo así lo creo- no podemos comportarnos como si hubiera ganado. ¿Quiere esto decir que no ha de cambiar nada? No. Por ejemplo, es evidente que el sentido de la dispersión no es el de agravar la pena, sino el de evitar el riesgo de que desde la prisión continuara la actividad terrorista; si no hay actividad terrorista, no hay riesgo, y por tanto, la dispersión y el alejamiento ya no tienen sentido. Pero, más allá de ello, las iniciativas de carácter más "político" tienen que esperar. No sólo a las elecciones del 20-N, sino a que se alcance un acuerdo inclusivo entre los partidos nacionales (e idealmente el PNV) con una hoja de ruta aceptable para todos, un todos que necesariamente incluya destacadamente a las víctimas. No hay que reinsertar a ETA, que debe quedarse donde merece, en el basurero de la historia. Si acaso, a las personas que se lo ganen.]]> <![CDATA[@jiwert: Con respeto a todas las opiniones favorables y posibilistas que se expresan en el debate, me parece que la mayoría de ellas ignora las implicaciones que tiene el aceptar la autodenominada "Conferencia Internacional de Paz" como un foro adecuado para nada. Si hay un papel reservado a tales actores internacionales es porque se trata de un conflicto entre sujetos de Derecho Internacional, a saber, el Reino de España y ¿Euskalherría?. Esto es una afrenta, un triunfo político de ETA que, además de indigno, ni siquiera es necesario. Pero además esta farsa contribuye probablemente a seguir haciéndole la campaña a Amaiur, como subrayan varios. No creo que el efecto en este sentido sea demasiado importante: la porosidad de ese mundo es limitada. Pero tampoco veo la necesidad que ha sentido el PSE para "ver". Estar en ella legitima la reunión, quiéranlo o no los dirigentes del PSE. ¿Y qué es lo que quieren ver? Ya sabemos lo que se va a pedir a ETA y cómo (disolución con honor, "pasos" desde el Estado). A menos que estén de acuerdo, para "verlo" podrían haber esperado a leerlo mañana en los periódicos.]]> <![CDATA[@jiwert: El problema con las perspectivas electorales de RbCb son mucho menos sus propuestas que la barrera de indiferencia o rechazo que las mismas tendrían que franquear para ser escuchadas.Las que más atención han suscitado son muy poca cosa a la vista de la envergadura de los problemas y, al igual que todo lo que viene diciendo RbCb desde que ha sido proclamado candidato, están mucho más orientadas por el populismo que por el realismo. Me sorprende la falta de rigor en el manejo de los números, que viene siendo una constante de todo lo que RbCb está proponiendo en los terrenos económico y fiscal y que en este caso aplica al disparatado cálculo sobre el impacto recaudatorio de aumentar un 10% los tipos en alcohol (salvo cerveza; el vino ya estaba a tipo 0%) y tabaco. Un cálculo solvente sugiere que se recaudaría menos de la mitad de lo que dice RbCb y, aun si fuera verdad, seguiría siendo el chocolate del loro. Pero entiendo que lo importante es lo primero. El electorado defraudado del PSOE no compra el cambio en la continuidad y los votantes de otros partidos ni siquiera escuchan.]]> <![CDATA[@jiwert: ¿Tanto trabajo cuesta mirar un poco lo que se publica? Observo que la primera pieza de este reportaje señala que el "CDS aupó a Soledad Becerril al Gobierno de Calvo-Sotelo". Portentoso esfuerzo el del CDS, que no existía siquiera cuando Soledad Becerril fue nombrada Ministra de Cultura. La debió aupar gracias a algunos neutrinos despistados que fueron capaces de viajar en el tiempo para consumar tan hercúlea tarea. No. Soledad Becerril fue Ministra con UCD, partido en el que militó hasta su extinción en 1983.]]> <![CDATA[@jiwert: Gracias por el comentario. Respecto a lo que planteas en torno a las diferencias de "accountability" entre el Gobierno central y los Gobiernos de las CC.AA., mi impresión es la de que estamos ante un proceso en escalones. El Gobierno central, en un primer momento, es visto (y es lógico que así sea) como el responsable de la respuesta a la situación económica, el gestor de la misma por antonomasia. Pero, como estamos viendo ya, cuando las consecuencias de los ajustes fiscales se trasladan a los servicios que gestionan las Comunidades, entonces hay una reacción frente a éstas. Puestos a considerar las dimensiones de oportunidad que las crisis traen consigo, probablemente ésta permita mejorar la rendición de cuentas entre los distintos niveles del Estado compuesto y, por tanto, dar un plus de responsabilidad en la conducta (no sólo la fiscal) de cada Administración. Sospecho que en una situación como esta nadie va a poder jugar al "free riding" (gorroneo, en castizo) como hasta ahora ha sucedido.]]> <![CDATA[@jiwert: El balance de la legislatura lo van a hacer de forma inequívoca los electores dentro de poco menos de dos meses. A mi entender, ha sido un período político muy negativo, que ha provocado daños graves en el crédito social no sólo de los políticos y de sus organizaciones, sino de la propia capacidad de la democracia para resolver los problemas de la sociedad. El indicador clásico en sociología sobre la satisfacción con cómo funciona la democracia ha alcanzado el punto más bajo desde que en España se hacen encuestas. Sin duda, esto tiene mucho que ver con la crisis económica y social, pero sobre todo se relaciona con la percepción de una gestión incompetente e inconsistente de la misma. España ha atravesado crisis económicas en algún aspecto incluso más graves que esta y nunca se había alcanzado el grado de deslegitimación política que ahora encontramos. El elemento diferencial que explica una repercusión política tan honda es la falta de relato por parte del Gobierno respecto a la situación, la convicción de la gente de que han sido objeto de una burla desconsiderada, dictada por intereses electorales.]]> <![CDATA[@jiwert: 1ª: Existe una generalizada sensación de desastre en la gestión de la crisis que se imputa esencialmente al Gobierno. El PP se beneficia de una importante renta posicional (como alternativa) y "engorda" también por una corriente no desdeñable de transferencia del voto socialista de 2008 (en torno al 10%). 2ª: Caeteris paribus no se ve circunstancia alguna que cambie sustancialmente este equilibrio de las preferencias, pero en un entorno tan inestable cualquier certeza está de más. 3ª: Una cosa es que algunos aspectos de personalidad/desempeño de Rubalcaba reciban una valoración más benévola que la de Zapatero y otra es que aquel pueda presentarse como ajeno -o incluso como víctima- de los errores de aquel. El intento de desmarque no cuela en absolut0. 4ª: sin poner en duda la base técnica del cálculo de Metroscopia, me cuesta imaginar que se vaya a producir una abstanción tan alta. Mi pronóstico es que no será muy distinta de las dos últimas ocasiones, una participación en torno al 75%. La alta abstención de 2000 no me parece verosímil en una situación económica y social tan tensa como esta.]]> <![CDATA[@jiwert: Muchas gracias por su comentario. Para mí, el prestigio del referéndum como forma ideal de participación tiene que ver con una mala comprensión de los mecanismos de la democracia representativa. La Constitución es taxativa y prudente: o lo pide quien puede, o no cabe.]]> <![CDATA[@jiwert: Telegráficamente: No es que sea buena o mala; necesaria o innecesaria, como dos dimensiones distintas: es buena en la medida que es necesaria; es necesaria en la medida en que el contrafactual (no tomarla) es mucho peor. A mi juicio, esto es lo verdaderamente importante. Dista de ser ideal en la forma y desde luego no produce efectos taumatúrgicos en el fondo (como ya estamos viendo) pero es lo que hay. Y dentro de todo ello hay una dimensión del proceso que sí debe valorarse positivamente: pone fin a un largo período en que los dos principales partidos han sido incapaces de ponerse de acuerdo en las cosas importantes. En cuanto al referéndum, esa institución que tanto le gustaba a Franco, estoy en absoluta minoría dentro de la sociedad: me parece un disparate celebrarlo (materia técnica, ultramanipulable demagógicamente). En todo caso, hay que respetar la Consti: si lo piden 35 diputados o 26 senadores tiene que hacerse. Si no, no es que no tenga que hacerse, es que no puede hacerse. Respecto a los nacionalistas, creo que PP y PSOE han estado en su sitio. Ceder era anular la reforma.]]> <![CDATA[@jiwert: (Cont.) Y resulta, por otra parte, poco verosímil que se pueda hacer "contra" la voluntad de los partidos instalados. Con estos límites, con una conciencia de que cualquier reforma en profundidad implica una reforma constitucional (dentro de la Constitución caben reformas muy menores, puesto que la constitucionalización del sistema proporcional, la circunscripción provincial y el tamaño máximo y mínimo del Congreso dejan las posibilidades de reforma del sistema reducidas a poco más que detalles), me parece que las iniciativas de reforma de las leyes electorales regionales son interesantes en la medida en que permitirían ver -en un ámbito limitado- los pros y contras de los cambios y podrían ser experimentos útiles para abordar más tarde cambios en el sistema nacional. Termino con dos reflexiones: el sistema electoral no puede preocuparse sólo de la representatividad, sino también ser eficaz a la hora de producir gobiernos estables (y el que tenemos, lo es) y, hoy por hoy, el sistema electoral no es, precisamente, el mayor de nuestros problemas políticos, aunque haya mucha gente que lo crea así.]]> <![CDATA[@jiwert: Todo el mundo tiene algo que criticar a la ley electoral. La mayor parte de las críticas están basadas o en estereotipos (falsos) sobre cómo funciona o en ideas apriorísticas (no menos falsas) sobre el ideal de representatividad. Ejemplo de lo primero: la extendida creencia de que favorece a los partidos nacionalistas. Falso: los nacionalistas tienen en el Parlamento casi exactamente la misma proporción de diputados que de votos. Ejemplo de lo segundo: el sistema es injusto porque no todas las ideas están representadas. Falso también en términos empíricos: el partido más votado que se quedó sin representación parlamentaria en 2008 apenas llegó al 0,2% del voto. Sin duda, el sistema es perfectible en varias dimensiones: selección de candidatos, vínculo representativo y rendición de cuentas, proximidad entre representantes y representados. Pero no debe olvidarse una cautela elemental: toda modificación del sistema electoral comporta efectos queridos y efectos no queridos. Y no se puede hacer a la ligera ni imponer desde una fuerza política de forma ventajista.]]> <![CDATA[@jiwert: (Yo, como Carmen Calvo y Joe Rígoli, sigo). Creo que conviene -y así lo propongo- que dejemos de fijarnos en los excesos -sobre los que estamos de acuerdo- y en si hay o no motivos para indignarse -sobre lo que parece que también lo estamos- para ir un poco más al fondo. Sin duda, todos tenemos prejuicios e informaciones sesgadas, tanto favorables como contrarias, sobre este movimiento. Pero si intentamos abstraernos de aquellos y entramos en materia, creo que las preguntas relevantes son: ¿Qué diagnóstico hacen los indignados de las causas de los problemas que denuncian? A mi entender, uno muy simplista, reduccionista y, sobre todo, auto-exculpatorio. ¿Qué proponen? Esto es lo más oscuro de todo. Sin ánimo denigratorio, lo único en que parece que están de acuerdo es en la sustitución de la repudiada democracia representativa por una supuesta democracia directa de tipo asambleario. Yo puedo medir la representatividad de un alcalde o un Presidente de Comunidad. ¿Cómo mido la representatividad de un grupo de indignidados? A lo mejor el "no nos representan" hay que gritarlo también en otros lugares.]]> <![CDATA[@jiwert: No nos liemos, ni nos asombremos, ni nos indignemos, sin necesidad. Lo que Gabriela nos pregunta (me parece a mí) es si esta protesta es o no condenable. Y esta protesta -a saber: ante un Parlamento en sesión, impidiendo o dificultando el acceso a los diputados y, en los casos extremos, imprecándolos, zarandeándolos y arrojándoles objetos- no es que sea condenable moral o políticamente, es que tiene una tipificación y un reproche penales precisos: los artículos 494 y 498 del Código Penal aplican claramente a lo sucedido ayer ante el Parc de la Ciutadella. Mejor dicho, aplicarían si se hubiera hecho lo necesario para cumplir con la legalidad: identificar a los responsables y su grado de responsabilidad, denunciarlos y llevarlos ante el Juez. Ahora bien, parece que el debate se establece en otros términos y, a mi humilde jucio, con el habitual malentendido. El que se denuncien problemas reales no quiere decir que se tenga que coincidir en el diagnóstico de sus causas ni en sus posibles soluciones. Ni otorga a quien denuncia más legitimidad que la que se deriva de su condición de ciudadano.]]> <![CDATA[@jiwert: A mi juicio -al margen de los intereses de los dos grandes partidos, que podrían no ser los que el conventional wisdom está señalando- la cuestión, desde una perspectiva "nacional", tiene que plantearse como un trade-off. A favor está la posible culminación de la llamada agenda reformista y en contra la escasez de mandato y empoderamiento de un gobierno que no parece en condiciones de convocar a nadie. Pero, a la vista de lo que viene sucediendo en los últimos meses, parecería que lo segundo condiciona fuertemente lo primero, es decir, que la escasez de horizonte temporal y/o soporte social achata y retrasa la ambición reformista. En ausencia de otros elementos, el adelanto parece la opción menos mala. Salga lo que salga de las urnas, es imposible que sea un Gobierno más débil que el actual, porque sea el que sea su signo y la mayoría que consiga, un Gobierno recién elegido tendrá al menos la legitimidad y el tiempo para buscar acuerdos del tipo de los que se requieren para realizar las reformas estructurales necesarias y darle un horizonte a los sacrificios que sea preciso realizar.]]> <![CDATA[@jiwert: Pocos temas como este ilustran con tanta claridad las disfunciones empiricas del esquema de distribución territorial del poder y las competencias. Porque, con pocas variantes, la situación se reproduce en (casi) todas partes en términos muy similares: el interés clientelista de las Administraciones regionales lleva a la imposición de barreras proteccionistas favorables al pequeño comercio que, por su capilaridad y hasta su influencia como prescriptor, tiene más peso político que sus alternativas. Y no es que deba desatenderse al pequeño comercio que, efectivamente, como apunta Mauro Guillén en el comentario anterior, sirve una función esencial de ecología urbana y es un nicho de empleo no despreciable. Lo que hay que hacer es apoyarle no mediante la creación de barreras de entrada a la competencia, sino de promoción de su modernización, mayor competitividad y generación de valor añadido para el consumidor. El problema es que desde las Administraciones regionales a veces falta dimensión para esto y siguen la línea de menor resistencia (y menor coste político), las restricciones a la libertad comercial.]]> <![CDATA[@jiwert: El Estado central (AGE) ha tocado ya las teclas que puede para conseguir la consolidación fiscal. Las CC.AA., aun no. Unas porque tenían elecciones el 22 de mayo, otras porque acaban de tenerlas, y todas porque la parte del león de su gasto son servicios sociales esenciales (sanidad y educación) al constante crecimiento de cuyos costes no saben cómo enfrentarse. Al margen de que los que llegan a gobernar tienen derecho a aclarar la situación financiera que se van a encontrar, el problema de fondo es otro: una racionalización de estos dos rubros de gasto y/o un cambio en la forma de financiarlos (a través del mal llamado co-pago u otras fórmulas) no pueden abordarse aisladamente como iniciativas de cada Comunidad, y tienen que ser objeto de un "alineamiento" coordinado por el Estado, que no tiene por qué suponer esa desacreditada "recentralización", sino que se puede lograr a través del consenso, puesto que a nadie debería interesarle políticamente convertir esto en campo de batalla partidista. Esto es algo que no puede esperar, dado que de ello dependerá el éxito o fracaso de la consolidación fiscal.]]> <![CDATA[@jiwert: Sólo un insensato contestaría con un sí o un no sin matices. Ahora bien, desde una aproximación politológica para la que el comportamiento electoral no es un juego de azar sino la respuesta racional de cada elector a un cuadro de estímulos y condicionamientos determinados habría que decir que la posibilidad de una victoria del PSOE pasaría por una modificación significativa de las variables económicas (nivel de empleo e inflación, fundamentalmente) que más condicionan el llamado "voto económico". Eso parece, hoy por hoy, descartable casi por entero. Una segunda ventana de oportunidad tendría más que ver con el descrédito del adversario como gestor de la economía... o de las políticas sociales (el coste que soportó Cameron y que minimizó su victoria). Aun así, Rubalcaba tiene el problema de separar su imagen de la del Gobierno... del que es, entre otras cosas, la cara más visible. Y, por último, pero no menor, creo que no está demostrado empíricamente que el líder tenga tanta fuerza tractora del voto en un sistema político como el nuestro. En resumen: posible, sí; altamente improbable, también.]]> <![CDATA[@jiwert: Lo importante, a mi juicio, es establecer si -en esta cuestión- lo que es bueno para el PSOE es bueno para España. Para España lo más conveniente -contra el mal informado criterio de Financial Times- sería que se abreviara en lo posible la legislatura para dar paso a un gobierno con el empoderamiento (empowerment) suficiente, con un mandato (mandate) amplio y, sobre todo, con un tiempo por delante suficiente como para abordar reformas. Desde esa misma perspectiva, puesto que las posibilidades de que el PSOE gane esas elecciones son remotas, lo que interesa es que de ellas no salga un PSOE ni destrozado ni dividido, de forma tal que sea posible un consenso amplio sobre la arquitectura básica de esas reformas. Ello llevaría a considerar preferible la solución de un Congreso al que debiera seguir la convocatoria de elecciones para el otoño. Ahora bien, desde la perspectiva de la dirección actual del PSOE esta solución es casi como promoverse ellos mismos el voto de censura. Por ello supongo que Zapatero y su guardia de corps intentarán imponer el business as usual a través de las Primarias.]]> <![CDATA[@jiwert: Creo que el ingrediente central del éxito de este happening es tan evidente... que no acertamos a verlo de tan encima de las narices como lo tenemos. Somos nosotros, quienes estamos magnificando el fenómeno, engordando al invertebrado social, y yendo mucho más allá de lo que el propio fenómeno demanda en términos de análisis. Políticamente, esto no me interesa lo más mínimo: la demanda, por así decirlo, política es un catálogo de banalidades, lugares comunes, conceptos mal entendidos, contradicciones y despropósitos. Eso sí, todo con muchas faltas de ortografía. Me interesa mucho más la dinámica de activación, la inserción del proceso en una lógica de acción colectiva, porque ello sí es relevante en términos de cómo las redes sociales recrean los límites y modifican los contornos de aquella. Esta es la clave: las redes sociales aglutinan muy eficazmente lo heterogéneo y montann una mayonesa social con el potente batido de su perpetuum mobile. No hay que distinguir el ser de la representación. El ser es la representación.]]> <![CDATA[@jiwert: La cuestión del 1 de Mayo es: ¿Qué responsabilidad incumbe a los Sindicatos en este estado de cosas? Personalmente, no me cabe duda de que a los Sindicatos -no sólo los de España- les está costando entender el cambio que la globalización introduce en las lógicas del mercado de trabajo y han optado por lo más cómodo: trazar círculos de fuego defensivo sobre la "almendra" de su clientela (afiliada o no afiliada) y, en la práctica, olvidarse del resto de los trabajadores o de los aspirantes a serlo. La consecuencia es que a cambio de apalancarse sobre ese discurso -como el que expresa el lema del1 de mayo- de mantenimiento de los derechos sociales, sin hacer explícito que esos derechos sociales son solo los que goza la nomenklatura laboral, se condena a todo esa perfieria que no ha conseguido instalarse en el sistema a vivir prolongadamente sin el más básico de los derechos sociales que asisten a una persona: el de conseguir un puesto de trabajo.]]> <![CDATA[@jiwert: Según la última EPA, en el primer trimestre de este año el paro ha aumentado en 213.500 personas y la ocupación se ha reducido en 256.500. Malos datos a vista de pájaro, pero mucho peores si acercamos la lupa. Porque, por ejemplo, la destrucción de empleo a tiempo completo ha alcanzado los 348.400 empleos (¡casi 4.000 al día!) y sólo se disimula un poco por la creación de 91.400 empleos a tiempo parcial. Después de ¿meses? ¿años incluso? escuchando al Gobierno que "lo peor ha pasado" ahora resulta que estos datos son incluso peores que los del primer trimestre de 2010. Pero este drama económico y social no se reparte por igual entre los diferentes tipos y categorías de asalariados. La crisis mantiene relativamente a salvo a la "aristocracia del empleo asalariado", trabajadores con contrato fijo y elevada antigüedad (salvo la "hiperaristocracia", que, aun mejor, se prejubila) y se ceba en cambio en lo que llamaríamos la periferia (el "circuito de empleos secundarios" lo llaman Dolado y Felgueroso): parados de larga duración y jóvenes sin empleo anterior.]]> <![CDATA[@jiwert: Hay básicamente dos dimensiones en la cuestión: la institucional y la cultural. No niego la importancia de la primera, pero creo que la que falla esencialmente es la segunda. "Tolerancia cero con la corrupción" es un eslogan al que acuden sistemáticamente los grandes partidos, que elaboran todo tipo de códigos, compromisos, etc... para mirar hacia otro lado cuando se trata de enjuiciar lo que ocurre en el patio trasero de cada uno. Y esto es así por la falta visible de incentivos para obrar de otra manera. Si no hay una sanción electoral clara -y más bien no la hay, salvo casos puntuales muy extremos o muy generalizados- los aparatos de los partidos tienden a mirar hacia otro lado, entre otras cosas, porque la corrupción se instala con mayor facilidad en los mesogobiernos, que son cada vez más difíciles de controlar por la estructuras centrales de los partidos. Pero habría que profundizar en las raíces culturales de la tolerancia social hacia la corrupción (¿un fenómeno mediterráneo?) y operar simultáneamente sobre el frente institucional-regulatorio y sobre el frente cultural.]]> <![CDATA[@jiwert: Mira mi respuesta anterior. Gane quien gane, tras las próximas elecciones generales será imprescindible un Pacto en torno a aspectos como estabilidad presupuestaria (transversal en todos los niveles del Estado compuesto), educación, energía, reforma administrativa y justicia.]]> <![CDATA[@jiwert: Muy sencillo: los Pactos de Estado sólo se consiguen al principio de una legislatura cuando los implicados en el mismo tienen una perspectiva temporal para "venderlos". Si no, son un abrazo entre dos náufragos que acaban ahogándose ambos]]> <![CDATA[@jiwert: Aunque no vale la pena gastar ciberespacio sólo para estar de acuerdo con el artículo principal, quisiera -en mi papel autoatribuido de Pepito Grillo no economista entre tantos y tan sagaces economistas- llamar la atención sobre cómo un calendario político perverso (que no lo hubiera sido tanto, sino se hubiera perdido el tiempo antes) supone un riesgo añadido para mantener esa credibilidad que es clave para asegurar que los mercados se crean que, efectivamente, España no es Portugal. Tenemos probablemente por delante un impasse -que esperemos no afecte al plazo ni, sobre todo, a la sustancia de la reforma de la negociación colectiva- hasta el 22 de mayo para abordar nuevos pasos en las reformas. Y después mucho me temo que no hay que esperar mucho más que la culminación de la reforma de las Cajas (crucemos los dedos). Hoy mismo Jordi Sevilla se pronuncia a favor de un amplio Pacto de Estado. Estoy de acuerdo. Pero ¿es realista pensar que se puede abordar con este calendario? Ante la disyuntiva reformas o elecciones anticipadas ¿no cabría combinar las dos cosas?]]> <![CDATA[@jiwert: (el Tratado) sirva para albergar dos situaciones de integración tan diversas como las que resultan de estar fuera o dentro del euro. Habrá que ver cómo puede funcionar esta nueva situación sin crear dificultades nuevas en el funcionamiento de la Unión Europea.]]> <![CDATA[@jiwert: No digo que sea malo (ni bueno). Digo simplemente que si se pone en práctica supone una transformación de tal magnitud que habrá que revisar forzosamente los términos del contrato electoral que, a escala de cada país vinculan a los gobiernos con los electores. Y hay más implicaciones. Una, sin duda, la de que la puesta en práctica de esta vinculación de las políticas económicas nacionales no es que suponga -como siempre se ha dicho- una Europa de dos velocidades, sino más bien dos Europas. Se antoja difícil que un único arreglo institucional]]> <![CDATA[@jiwert: Si el Pacto por el Euro responde fielmente a lo aprobado en el borrador del último Consejo Europeo, el margern de autonomía de las política económica y fiscal de los Gobiernos nacionales se reduce sustancialmente. Eso trae de la mano una cuestión aguda de accountability. ¿Ante quién responden los Gobiernos nacionales? ¿Ante los dueños del lártigo o ante sus electores? Estaríamos ante un cambio mayúsculo en la gobernanza política. Bruselas dice el qué y los gobiernos nacionales el cómo y, ello dentro de límites estrechos.]]> <![CDATA[@jiwert: Una sin duda es que este mecanismo supone no ya una Europa de dos velocidades, sino más bien dos Europas. Se me antoja difícil que un único arreglo político institucional (el Tratado) pueda albergar dos situaciones de integración tan diversas (fuera o dentro del euro).]]> <![CDATA[@jiwert: No digo que sea malo (ni bueno), digo simplemente que si se pone en práctica supone una transformación de tal magnitud que habrá que revisar los términos del contrato electoral que en cada país vincula a los gobiernos con los electores. Y hay más implicaciones.]]> <![CDATA[@jiwert: ¿Ante quién responden los gobiernos nacionales? ¿Ante los dueños del látigo o ante los electores? Estaríamos ante un cambio mayúsculo en la gobernanza política: Bruselas dice el qué y los gobiernos nacionales el cómo y aun así dentro de límites estrechos.]]> <![CDATA[@jiwert: Si el Pacto por el Euro responde finalmente a lo aprobado en el borrador del último Consejo Europeo el margen de autonomía en política económica y fiscal de los Gobiernos nacionales se reduce sustancialmente. Esto trae de la mano una cuestión aguda de accountability.]]>