<![CDATA[RSS del evento eldebate20120524]]> <![CDATA[RSS del evento eldebate20120524]]> <![CDATA[@grego: Te agradezco la clarificación. Lo había entendido de otra manera. Diculpas y un abrazo.]]> <![CDATA[@grego: Estimado Eduardo: No es una crítica personal, pero desde mi ignorancia jurídica, sugiero una pequeña aclaración (soy un catedro jubulado de ciencias) a una tu frase escrita por un catedrático de constitucional "En todo caso, al partido en el Gobierno puede llegar a interesarle la parálisis si entiende que la relación de fuerzas en el tribunal le es desfavorable". Al parecer para ejercer el poder todo sirve y los textos legales no son una barrera. Entiendo la hipotésis, pero no la verbalización (¿como podemos hablar de principios democraticos y constitucionales?). Que díficil es mantener el animo con situaciones como éstas.]]> <![CDATA[@jflopezaguilar: Hace tiempo que sostengo que el deterioro insoportable que el retraso en su renovación causa a las instituciones de extracción parlamentaria debe ser acometido seria y drásticamente con una reforma legal. Sucede lo que sucede por la sencilla razón de que ciertas fuerzas políticas -una y otra vez el PP, tanto en la oposición como luego en el Gobierno- calculan instrumentalmente que las dilaciones sirven a sus objetivos partidistas, sea porque prorrogan artificialmente una correlación que no se corresponde con la expresada en las urnas (caso del TC durante los últimos años), sea porque el agotamiento desgasta psicológica y políticamente al oponente, en un juego de presiones y tiras y aflojas que remeda el clásico "juego del gallina" (esperar y ver quién se viene atrás primero). El modo de romper este maleficio es reformar la ley (en este caso la Ley Orgánica del TC) para desincentivar los ventajismos dilatorios y apremiar por necesidad la renovación sí o sí.]]> <![CDATA[@jflopezaguilar: La técnica legal para forzar la renovación debería consistir en la caducidad automática del mandato de los magistrados del TC una vez sobrepasado un tiempo prudencial después de la expiración de su periodo de 9 años para cada uno de ellos. Por ejemplo, seis meses después de haber sido elegidos, los magistrados regresan forzosamente a su puesto de origen o a su casa, de modo que la parálisis del órgano y su incapacidad para seguir funcionando disuade de intentar obtener ninguna ventaja del bloqueo a quienes practican juegos de intereses partidistas sobre instituciones que no les pertenecen, sin reponer en mientes en el daño que ello cause a la convivencia democrática o incluso al cada vez mas desgastado crédito de la propia Constitución.]]> <![CDATA[@jflopezaguilar: Dicho esto, asombra a esta altura el doble juego, la doble vara de medir y la ley del embudo practicada por tribunas de opinión y colectivos profesionales que urgen la renovación cuando gobierna el PSOE y aflojan toda presión cuando le toca al PP responder del desbloqueo. El desprestigio del TC es un coste insoportable. Si un Estado descentralizado no dispone de un arbitro con credibilidad para las disputas competenciales y para hacer valer la fuerza normativa de la Constitución, entonces apaga y vámonos. El coste es mucho más grave de lo que se desprende del comportamiento frívolo de algunos irresponsables.]]> <![CDATA[@anatoli: La fórmula debería ser sencilla: mérito y capacidad; sin embargo los partidos han dado síntomas que evidencian su desprecio a etos criterios, prefieren los de clientelismo y sumisión. Tras la experiencia de haber encontrado a un jurista de consenso para presidir en CGPJ tras varios años de bloqueo, Divar, da pavor imaginar lo que pueden ser capaces de consensuar las luminarias de la política para un TC desprestigiado, atascado y errático. La credibilidad del sistema judicial está actualmente en entredicho, deberían hacer un ejercicio de responsabilidad y buscar, en el marco de la comunidad jurídica, a profesionales de prestigio contrastado, con independencia de criterio, solida formación y experiencia, si piden consejo verán como hay más candidatos que los que aparecen en las quinielas. Los medios de comunicación podrían también ayudar si dejaran de poner etiquetas que en ocasiones no tienen mucho fundamento.]]> <![CDATA[@santamarta: Un problema que se arrastra desde hace años y no creo que sea tan fácil como dice Rajoy. El PP quiere imponer a magistrados ultraconservadores en el Tribunal Constitucional, lo que sin duda ayudaría a su proyecto conservador de reducir las libertades y los derechos sociales. El PSOE se resiste, y espero que no ceda al trágala que quiere el PP, que desde luego no tiene ningún interés en un Tribunal Constitucional independiente donde pudiera estrellarse su reforma laboral, la restricción al aborto, los matrimonios entre personas del mismo sexo y tantos proyectos de marcha atrás presuntamente inconstitucionales.]]> <![CDATA[@merinoleonor: El “criterio” a seguir es la excelencia en la trayectoria profesional en la carrera judicial. Difícil será el acuerdo, debido a las diferencias ideológicas alimentadas por las distintas presiones - Iglesia, poder económico, corporativismo, etc. - que van a condicionar el pacto.]]>