<![CDATA[RSS del evento eldebate20110713]]> <![CDATA[RSS del evento eldebate20110713]]> <![CDATA[@frontera: Me resulta curioso que entre los participantes en el debate no haya ni una sola opinión favorable a la conducta de la Iglesia católica. Tampoco lo es la mía, y me remito a la inconstitucionalidad de los acuerdos del 79 con la Santa Sede ya mencionados. Lo que me resulta incomprensible es que el gobierno actual no se dé cuenta de que es hora de encarrilar este asunto por las múltiples consecuencias que genera en tantos ámbitos. Como profesor de Instituto a mí me revienta el tema de las clases de religión católica en horario escolar en detrimento de la historia y cultura de las Religiones. Como ya sugería M. Vicent en su columna dominical de hace varias semanas, las pésimas expectativas electorales propician la oportunidad. Además, añado, podría ser que la unanimidad entre los participantes de este debate fuera expresión de una progresiva madurez de la sociedad española para entender que a la Iglesia misma -al menos a quienes se siente creyentes sinceros- le vendría muy bien abandonar las tutelas y prebendas heredadas de Franco. Podría ser que un miedo electoral se convirtiera en un activo electoral.]]> <![CDATA[@jproyo: La mención de la Iglesia Católica es materialmente anticonstitucional, aunque formalmente no lo sea, porque la hizo el propio constituyente. Pero el reconocimiento del derecho fundamental de libertad religiosa y el consiguiente carácter aconfesional del Estado es incompatible con la meción expresa de una confesión religiosa y de una confesión, además, que cuenta con la referencia de un Estado propio. Anticonstitucionales sin matización son los Acuerdos con la Santa Sede de 3 de enero de 1979. En la transición no se pudo resolver el problema de las relaciones dentre la Iglesia y el Estado como debe hacerse en un Estado democrático y de ahí nos vienen los problemas que nos vienen, uno de los cuales es el que suscita la pregunta del debate de hoy. La relación de la Iglesia católica con el Estado español ha sido un problema a lo largo de toda nuestra historia constitucional y, aunque sin la misma dimensión que en el pasado, sigue siéndolo en el día de hoy.]]> <![CDATA[@irenelozano: Pierden fieles a pasos agigantados y la cúpula eclesial reacciona buscando alternativas inmobiliarias que expolian a los municipios para garantizarse sus ingresos. ¿No les importa resultar odiosos? Síntoma inequívoco de pérdida de sentido de la realidad: que miren a la SGAE para intuir su final. Con esta estrategia de saqueo, demuestran no aspirar ya a ningún tipo de legitimación moral, como sería esperable si los obispos estuvieran a la altura de su retórica. La posición de la Iglesia católica en España se explica por el privilegiado estatus que ha mantenido a lo largo de toda nuestra historia y particularmente durante la dictadura franquista. Se resisten a perder poder e ingresos, pero como su propia negligencia para comprender la sociedad contemporánea les aleja cada vez más de la sociedad, quieren sostener el tinglado mediante esas "inmatriculaciones" espurias. Creo que en el Código Penal reciben un nombre más claro: apropiación indebida. No cabe otra respuesta del Estado que el cambio legal y la persecución judicial de estos hechos.]]> <![CDATA[@cesarluena: Para nada es legítimo, más bien al contrario, es un acto impropio de una institución en un estado de derecho como el nuestro. Sin entrar en la discusión del uso o anterior propiedad de los diferentes bienes, la Iglesia católica no puede aprovechar recovecos legales, los cuales deberíamos haber modificado, para ocupar como propio lo que es comunal. En definitiva, no existe en mi opinión legitimidad fundamentada para arrogarse la propiedad de esos bienes, y debería llevarse a cabo un estudio sobre los casos concretos que estamos conociendo, para que no se de como certeza lo que no es y para que el disfrute comunal de ciertas propiedades pueda ejercerse plenamente.]]> <![CDATA[@ebcohen: El uso abusivo de las Inmatriculaciones (sospechoso nombre) recuerda a las apropiaciones territoriales de las películas del Oeste. Lo urgente es delimitar y replantear la norma a nivel jurídico. En España había también sinagogas y mezquitas que se convirtieron, como si la piedra tuviera fe, en iglesias. Así que tal vez y gracias a este abuso de la Iglesia nos sirva de llamada de atención para reflexionar y devolver la propiedad al pueblo. Estas acciones abusivas además manifiestan la fijación por dejar constancia de que diga lo que diga la Constitución: católicos somos todos. Afirmación no sólo falsa sino intolerante. Por lo tanto dialogo, revisión de ley y debate social.]]> <![CDATA[@amparort: Sigo... De hablar de otros temas sociales que ocurren a diario y que nos pasan desapercibidos, y a lo peor cual salgamos de la crisis, porque algún dia saldremos, y se hayan celebrados elecciones generales nos demos cuenta de qu nos quedan reductos del pasado sin resolver, como este de las propiedades comunales que la Iglesia esta poniendo a su nombre, el Concordato sin tocar, o la ley de libertad religiosa sin tramitar, y ya veremos que pasa con el proyecto de ley de igualdad de trato, que esta pendiente de debate parlamentario, que va a ser dificil que se apruebe, y que esta pasando con la igualdad, olvidada en la crisis, o con la violencia de genero que no cesa, sin que se produzca una reacción social suficiente y algunos etcéteras mas.]]> <![CDATA[@santamarta: Con la iglesia hemos topado. Los obispos han lanzado la consigna de registrar todo lo registable, aunque casi nunca lo han pagado. Un estado laico debe separar claramente las competencias. La excusa de garantizar los lugares de culto no se sostiene, pues en muchos casos esos bienes fueron, son y serán objeto de especulación, con jugosas plusvalías. La apropiación y privatización de los bienes comunales es lo que parcialmente esconde esta operación. Los municipios afectados deben tomar cartas en el asunto.]]> <![CDATA[@amparort: Es evidente que una de nuestras asignaturas pendientes es la de la Iglesia Catolica que sigue teniendo unos poderes y prerrogativas de las que carecen el resto de las confesiones religiosas, misas en las televisiones publicas incluidas, y en mi tierra, Sevilla, todavía no se ha conseguido que los responsables políticos democráticos dejen de ir a las procesiones, como en siglos pasados; la culpa es nuestra y solo nuestra; de los partidos que no han querido separar la Iglesia del Estado, de los fieles que permanecen tranquilos ante este estado de cosas y que solo nos escandalizamos ante noticias puntuales como esta que hoy comentamos, que no es legitima, aunque sea legal, ni aceptable ni nada de nada, pero con la Iglesia hemos topado. Me parece, por otra parte, que, en medio de esta marabunta de crisis económica que todo lo invade, tengamos también oportunidad]]> <![CDATA[@carmen7: (Sigo). Creo que la frontera en donde se preserva la propiedad privada de la Iglesia católica en sus bienes, pero que necesita la ayuda de los recursos para su preservación cultural, debería ser más flexible, porque luego ocurren cosas tales como que muchos de esos bienes no están a la disposición y disfrute de los ciudadanos o del turismo cultural en general,- porque en muchos casos se incumple incluso la normativa de los días de visita, a veces las medidas de seguridad-, lo que en el fondo deviene en una situación injusta y asimétrica para el conjunto de los ciudadanos españoles y de su diversidad de creencia religiosa. Esta posibilidad, que tiene una fecha y por tanto un lugar ideológico, está siendo utilizada por la Iglesia católica en una forma de comportamiento que, como ven, no es nueva en absoluto en relación al resto de sus bienes, y particularmente a los que integran el patrimonio histórico.]]> <![CDATA[@carmen7: Una vez más verificamos en la realidad que los asuntos con la Iglesia católica pueden ser muy complicados. En materia de patrimonio histórico, en el que hace poco y a resultas del robo del Códice leíamos que era un patrimonio, el de la Iglesia católica se refiere, sentimentalmente de todos los ciudadanos, habría algunas cosas que puntualizar. La primera, que la Iglesia católica deja siempre muy claro y utilizando los resortes de la seguridad jurídica, que el patrimonio es suyo, para luego recurrir a la ayuda de los recursos públicos de todos los ciudadanos, católicos o no, para su conservación. (Sigo)]]> <![CDATA[@joannavarro: No puedo estar más de acuerdo con Monica Oltra, el papel del Estado es defender a la sociedad, y ante la duda, los bienes comunales pertenecen a la sociedad, no a una entidad privada (por muy tradicional y respetable - no siempre- que sea). Sin lugar a dudas, equiparar a un párroco (representante de un confesión religiosa particular) con un fedatario publico (quien debe velar por el interes general) es un abuso de ley imperdonable. Que puede tener lógica en determinados casos, la verdad es que son las "obras y no amores" lo que explica esta lógica con el paso del tiempo y las propiedades que, debieran estar en manos publicas, y hoy lo estan en manos privadas. Con la iglesia y los mercados nos hemos topado.... menos mal que al menos lo del ejercito lo resolvimos.]]> <![CDATA[@anatoli: La información puede considerarse escandalosa " ma non tropo", primero porque se trata de una norma de hace más de 10 años que podría haberse modificado durante todo este tiempo, está claro que no se trata - de momento - de una prioridad política para ningún partido. Tanto la ley hipotecaria como su reglamento lo que pretenden es que el registro de la propiedad coincida con la realidad, de ahí que permitan actualizar los asientos registrales, sin necesidad de esa prerrogativa cualquier ocupante de un inmueble durante más de 30 años de modo pacifico y continuado podría reclamar la propiedad aunque actuara de mala fe, y en cuestión de fe la iglesia católica es un referente. Lo que es preocupante es que un estado confesional equipare a un párroco con un fedatario publico en materia inmobiliaria. No cabe duda de que por capilaridad los modos del viejo estado autoritario y confesional siguen empapando el día a día incluso en las cosas más mundanas porque no hay nada más mundano que querer ser propietario, fortalece el bolsillo y debilita la fe.]]> <![CDATA[@evab: Legal sí, por la Ley Hipotecaria que lo permite. Lícito, en absoluto. Resulta incomprensible que en un Estado que se describe aconfesional en su Constitución la Iglesia goce de la prerrogativa de poder actuar con facultades de funcionariado público y pueda inscribir a su nombre bienes comunales. Cuesta también entender por qué los sucesivos gobiernos no han enmendado esta situación modificando la Ley Hipotecaria. Es difícil imaginar a las autoridades eclesiales tomando la iniciativa de renunciar a unos privilegios que les aportan sustanciosos beneficios, es a los poderes públicos a quien le atañe defender los intereses de la sociedad frente a las actuaciones abusivas de cualquier sector.]]> <![CDATA[@monicaoltra: No es legítimo a mi juicio. Sin embargo ¿cuando la Iglesia del Vaticano ha dejado voluntariamente de hacer algo que le interesaba, simplemente por ser ilegítimo? Sólo ha dejado de hacerlo cuando se le ha parado los pies. Ahora parece ser que nadie esté dispuesto a poner a la Iglesia en su lugar. Al contrario, cada vez el gobierno central se pliega más a sus intereses y las comunidades autónomas -sobre todo a través del concierto educativo- también. El negocio que tienen montado les va mejor que la salvación de almas y además les resulta más lucrativo. Incomparable el darse la vida padre en ésta, que fiar la felicidad a la vida que vendrá, debe pensar la jerarquía. Y para eso es major atesorar bienes materiales y valores en bolsa, que bondad y valores cristianos. A mí de todas las maneras me preocupa más lo que hacen, o no hacen, los poderes públicos para defender a la sociedad. ¿Para cuándo una revisión del concordato? ¿Para cuándo autofinanciación a través de los feligreses? ¿Cuándo dejarán de tener privilegios para tener sólo derechos como todos los demás?]]> <![CDATA[@jfreire: Más allá de este caso concreto lo preocupante es que los bienes comunes hayan perdido su estatus legal y por tanto puedan ser apropiados por otros agentes como la iglesia en este caso, o empresas o el propio estado en otros. El procomún es un complejo sistema de bienes, reglas y comunidades en que se ha basado la autonomía y capacidad de acción de la sociedad civil. Su destrucción legal significaría en cierto modo la desaparición de un modelo de sociedad por otro subsidiario de unos poderes paternalistas. En contraste con esta situación, el procomún se ha revitalizado en los últimos años por el reconocimiento de su papel, casi siempre invisible pero crucial, en las sociedades contemporáneas. La propia Internet puede ser considerada en cierto modo un procomún y como tal ha permitido la organización autónoma de la sociedad. La única solución a esta maniobra de la Iglesia, igual que a otras de diferentes poderes, pasa por reintroducir el procomún en nuestras regulaciones y en los sistemas de gobernanza.]]> <![CDATA[@enguita: No solo ilegítimo sino indecente, inaceptable, inexplicable. La apropiación de los lugares de culto, generalmente construidos y siempre mantenidos con dinero público o de las comunidades locales, o bien de origen incunable sin títulos a favor de la Iglesia, es como si el magisterio se apropiase de escuelas, viejas casas de maestros, huertos aledaños... Dos siglos después de las desamortizaciones, la Iglesia impone una reamortización, y con plena libertad para enajenar esos bienes en el mercado, como han hecho con edificios y solares de colegios recibidos como donaciones afectas. Ese expolio económico, esa usurpación política por la que actúa como autoridad administrativa en beneficio propio, son parte de un mar de privilegios: exenciones fiscales, capillas en instituciones públicas, la cuarta parte de la enseñanza obligatoria, imposición de la catequesis como asignatura, donaciones ingentes de dinero público. Y, si alguien pensaba que todo esto la pacificará y reconciliará con el poder civil, que espere al 18A para oir a Ratzinger y su coro despotricar contra la democracia y el liberalismo.]]> <![CDATA[@merinoleonor: Una transición sosegada para pasar del estado confesional al estado laico (“Ninguna confesión tendrá carácter estatal”, señala nuestra Constitución) no se ha llevado aún a cabo con el fin de no contrariar al clero y ante una población que confiesa ser católica aunque los practicantes no alcancen el 14%. Antes de esa reforma legal de 1998, señalar que, en 1946, se permitió a la Iglesia católica registrar propiedades que carecían de dueño. Un año más tarde, se excluyeron de esa posibilidad “los templos destinados al culto religioso”. Y fue en 1998, cuando Aznar retiró esa excepción. Y para esa situación hoy planteada, Alejandro Torres, profesor de Derecho Eclesiástico de la Universidad Pública de Navarra, argumenta: “Si ninguna confesión tiene carácter estatal, ¿por qué los obispos pueden expedir certificaciones de dominio con titularidad pública? Todos los demás tenemos que acudir a un notario para inscribir nuestras casas”. No he leído “Escándalo monumental” -uno de los autores es sacerdote-, donde se documentan más de cien demandas. ¿Por qué enfrentar a los pueblos? ¿Qué decía Jesús en los evangelios?]]> <![CDATA[@jog: Es ilegítimo y bochornoso, pero desde que he sabido -esta misma mañana- que la Universidad de Barcelona vuelve a celebrar bodas religiosas y otros actos en la capilla (supongo que nuevamente consagrada), he desistido casi de todo.]]>